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Durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en la presentación de casi 300 reservas, la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero quedó rechazada, la cual planteaba que los comités de evaluación se integrarán con personas con experiencia.
Sánchez Cordero resaltó que se aplace la elección de los integrantes del Poder Judicial al 2028 y se contemplen dos secciones en el Alto Tribunal.
Enfatizó como el corazón del problema, que el Comité de Evaluación se integre por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder.
Así como exámenes de conocimiento; deben ser elaborados y aplicados por la Escuela Nacional de Formación Judicial, y que el comité valorará la idoneidad en base a la trayectoria.
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Propuso en su reserva que tampoco podrán ser juzgadores de Poderes Judiciales federales y locales la inhabilitación cuando son secretarios de Estado, fiscales, diputados, concejales y presidentes municipales.
Propuso que los Órganos de Administración Judicial y también el Tribunal de Disciplina se vayan renovando paulatinamente para que no se pierda la experiencia de estos Órganos de Administración y también el del Tribunal de Disciplina.
“No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación.Por último, quiero también manifestar que la sustitución escalonada desde luego, y propongo que los juzgadores y juzgadoras puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria. La Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración debe ser votada por sus pares cada dos años y no a la reelección correspondiente”, expuso.
Consideró como esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo una indemnización justa para quienes concluyan su encargo por separación voluntaria, por declinación o no resulten electos.
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En los artículos 95 y 97, también propuso que, para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento, en este mismo sentido, pidió adaptar los criterios para acceder a todos los cargos públicos.