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En el análisis estratégico prospectivo, el concepto de ‘rinoceronte gris’ -pariente cercano de la metáfora del ‘elefante en la habitación’- simboliza amenazas evidentes y presentes, altamente probables, pero aún desatendidos, en contraposición a los riesgos imprevisibles o improbables que encarna el más familiar ‘cisne negro’. Los ‘rinocerontes grises’ no son sorpresas aleatorias ni externalidades y no responden a cuentas de mandatarios en redes sociales. Son riesgos que rara vez se presentan de forma aislada u operan en el vacío, y se materializan después de una serie de advertencias y evidencia patentes. El cambio climático es un ‘rinoceronte gris’; la pandemia del Covid-19 lo fue; algunos argumentaríamos que votar por Donald Trump por segunda vez era hacerlo por un ‘rinoceronte gris’. Hoy, con toda una serie de crisis geopolíticas en ebullición, se perfila, cortesía de la combinación entre los efectos de cuatro años de agresión rusa en Ucrania y la decisión estadounidense-israelí de atacar Irán, la típica crisis encarnada por otro ‘rinoceronte gris’.
En esta primavera de 2026 -a tres meses de que la Operación “Epic Fury” de Trump convirtiera el estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico y el Oriente Medio en general en zona de guerra y en el marco de una nueva disrupción en los corredores ucranianos de producción y exportación de granos- el mundo enfrenta el choque alimentario más severo desde los años setenta. Dos pilares del sistema agroalimentario global -las exportaciones ucranianas de trigo, maíz y aceite de girasol y la gran cuota de producción que emana del Golfo Pérsico en urea, amoniaco y potasa, insumos claves para los fertilizantes- han quedado comprometidos de manera simultánea. El resultado es un doble golpe sistémico: menos alimentos en los mercados mundiales y, a la par, insumos más caros para producirlos. La convergencia castiga más precisamente en donde menos puede absorberse este doble shock: en las economías importadoras de alimentos de América Latina y el Caribe, África subsahariana y el sur de Asia.
La números son implacables. Antes de 2022, Ucrania aportaba cerca de una décima parte del trigo comerciado mundialmente y un cuarto del aceite de girasol. Entrado el quinto año de agresión rusa y una guerra que no cesa, los embarques actuales siguen entre 35 y 45 por ciento por debajo de los máximos prebélicos. Y las primas de seguro en el Mar Negro y los daños acumulados a la infraestructura portuaria ucraniana limitan cualquier repunte futuro. El segundo frente se abrió el 4 de marzo, cuando Irán estranguló el estrecho de Ormuz. Antes del conflicto, hasta un tercio de los fertilizantes comercializados a nivel mundial transitaban por él; unos 3,000 buques atravesaban el estrecho cada mes, transportando alrededor del 20 por ciento del petróleo y gas natural licuado comerciados por vía marítima en el mundo y, con ellos, los insumos químicos que sostienen la agricultura global. En apenas diez semanas, el tráfico cayó al 5 por ciento de los niveles previos a la guerra. Y es que la zona del Golfo produce cerca de un quinto de los fertilizantes nitrogenados del planeta y casi la mitad del azufre global, componentes esenciales de los fosfatos. La paralización de Ras Laffan -el complejo gasero qatarí atacado por Irán en marzo y que requerirá entre tres y cinco años para su plena recuperación- agravó la escasez de gas natural, materia prima de la urea. A ello se suma que Rusia -el mayor exportador mundial de fertilizantes nitrogenados y de potasa- merecidamente opera, en respuesta a su invasión a Ucrania, bajo un régimen de sanciones que distorsiona los flujos globales de amoníaco y urea, agravando la misma escasez que el cierre de Ormuz desató. El resultado: los precios globales de fertilizantes rondan entre el 15 y 20 por ciento más en el primer semestre de 2026 (los de fertilizantes nitrogenados el mes pasado se situaron aproximadamente un 70 por ciento por encima de su promedio de 2024), sin reservas estratégicas coordinadas que amortigüen el golpe, lo que hace que cada disrupción en el estrecho se transmita directamente al campo. Los mercados de futuros agrícolas -Chicago, Londres- amplifican el golpe: la especulación sobre trigo y maíz, combinada con un dólar fortalecido por el gansterismo arancelario de Trump y el encarecimiento del crédito para importadores en economías emergentes, crean un triple castigo financiero que va más allá de la dinámica esencial de oferta y demanda; el Índice FAO de Precios de los Alimentos suma ya doce meses al alza. Sin nitrógeno y fósforo asequibles durante la temporada de siembra, ni la paz de mañana restituye los rendimientos de pasado mañana.
¿Qué hacer? Evidentemente, lo imprescindible sería poner fin a los conflictos en Ucrania y el Pérsico, pero con Putin y con Trump, eso no parece estar en el horizonte. Pero varias líneas de acción coordinada son urgentes. Multilateralmente, el G20 debe reactivar con esteroides el Sistema de Información sobre Mercados Agrícolas (AMIS), exhibiendo a quienes restringen exportaciones. La Ventanilla de Choque Alimentario del Fondo Monetario Internacional debe ampliarse, agilizarse y desestigmatizarse. Regionalmente, China merece atención especial en ese ejercicio: sus reservas estratégicas de cereales equivalen a más de la mitad del consumo mundial y su dominio sobre los mercados globales de fosfatos -controla entre 35 y 40 por ciento de la producción mundial- le otorga una palanca silenciosa sobre los países importadores; Beijing es, además, el actor con mayor capacidad para mediar discretamente con Teherán una reapertura de Ormuz. La India -tercer consumidor mundial de trigo, con restricciones de exportación vigentes desde 2022 y una política de autosuficiencia que opera como variable autónoma- puede agravar la escasez global si su capacidad de producción agrícola flaquea, sin que ningún mecanismo multilateral la vincule a compromisos de mercado abierto. Y América Latina tiene una ventana de oportunidad: un pacto México-Brasil-Argentina sobre cooperación en granos y fertilizantes, anclado en el BID, amortiguaría la dependencia extra-continental. Para México en particular, la vulnerabilidad es estructural. El país importa cerca del 60 por ciento de su trigo, casi 40 por ciento de su maíz -mayormente amarillo, para forraje- y más del 70 por ciento de sus fertilizantes nitrogenados. El riesgo en nuestro caso no es la hambruna, sino más bien la posibilidad de una inflación regresiva que erosione avances en reducción de pobreza y reactive la presión política sobre el gobierno. Por ello, México debiera acelerar la reconstrucción de su reserva estratégica de granos, reactivar las plantas ociosas de fertilizantes de Pemex, repensar su política energética retrógrada y -políticamente más costoso- invertir por ejemplo en agricultura de temporal en el sur del país en lugar de estar subsidiando el diésel.
La pregunta prospectiva es si esta crisis se vuelve catalizador de reformas a los mercados de alimentos e insumos largamente postergadas, o se erige en otra crisis desperdiciada. Un orden mundial fragmentado como el que crecientemente se perfila hoy es, por definición, también multipolar, y las potencias medias -México, si es que lo entendiera así y se asumiera como tal, entre ellas- tienen un margen inusual para convocar, mediar y proponer. Y es que las implicaciones geopolíticas de este doble choque van más allá del precio del pan o la tortilla. La seguridad alimentaria deja de ser nota de pie de página del desarrollo; es ya el primer plano de la geopolítica de esta década del siglo XXI. Ignorarlo no sólo profundizará el hambre. Entre otras cosas, agudizará presiones migratorias, políticas y de seguridad que ya tensan al sistema internacional y que pueden generar inestabilidad y estallidos sociales en diversas regiones del mundo. Y cuando la seguridad alimentaria se convierte en variable de presión sistémica, la geopolítica se redibuja: los países que controlan reservas de granos, rutas de tránsito estratégicas o insumos críticos para la agricultura acumulan un poder de negociación que no figura en ningún tratado pero que opera con la contundencia de cualquier arsenal.
La combinación del trigo del Mar Negro con los fertilizantes que salen del Golfo Pérsico puede parecer un entramado anormal para la planeación e instrumentación de política exterior. No lo es. Son, cada vez más, elementos centrales de la misma conversación, una que tiene impacto geopolítico. En ese tablero, la fragmentación del orden multilateral no es un telón de fondo neutro: es el mecanismo que convierte una crisis de oferta en una pugna de poder duro. Los países más vulnerables no elegirán sus alianzas por afinidad ideológica o histórica, sino por quién les garantice el acceso a fertilizante para la próxima siembra o al crédito para importar el grano que necesitan. La seguridad alimentaria es, en este sentido, el nuevo terreno de competencia entre potencias y del equilibrio de poder, tan determinante -aunque menos visible- como la posesión de armas nucleares o el control sobre semiconductores, la IA y los drones o de las rutas comerciales.